COLEGIO PARTICULAR ANDINO
LAS BARRAS BRAVAS DEL FÚTBOL NACIONAL
La violencia de las barras bravas en el fútbol de Costa Rica
vuelve a la palestra tras las agresiones ocurridas el fin de semana pasado, lo
que evidencia que sigue siendo un problema sin solución pese a que existe una
ley y a que algunos clubes han tomado medidas.
Imágenes de cámaras de
seguridad mostraron la pelea entre barras del Cartaginés y el Herediano, el
pasado domingo, y el espantoso desenlace cuando uno de los hinchas heredianos
le lanzó una enorme piedra a la cabeza a otro de la barra contraria mientras
estaba en el suelo.
El golpe le ocasionó fracturas en el cráneo, una hospitalización en
estado grave y las secuelas que podría sufrir el resto de su vida.
El sospechoso del delito de
tentativa de homicidio se entregó a la policía un día después, mientras las
autoridades buscan a varios más que participaron en la pelea.
Esto ocasionó un escándalo en
el que la policía y clubes se echaban la culpa mutuamente por lo ocurrido y se
reviviera el eterno debate sobre la necesidad de disolver las barras bravas.
En estos grupos hay de todo.
Desde gente que va a apoyar a su equipo, hasta otros que van a los estadios a
consumir droga, a asaltar gente y comercios cercanos o a buscar pelea con los
rivales, según han mostrado diversos reportajes periodísticos.
Datos del Ministerio de
Seguridad Pública (MSP) indican que en cada jornada del fútbol son detenidas en
promedio 20 personas de las barras por delitos como tráfico y venta de drogas,
perturbación del orden público, desobediencia a la autoridad y tenencia de armas
blancas o de fuego.
El martes, la Federación
Costarricense de Fútbol celebró una reunión con funcionarios del Ministerio de
Seguridad y representantes de los clubes para analizar la problemática y
plantear soluciones.
"Nosotros como Federación
estamos interesados en que este tema se resuelva. Yo creo que esta reunión sí
se diferencia a las demás porque se presentaron algunas ideas importantes que
son el inicio para comenzar a hacer las cosas diferentes para que la violencia
no manche el fútbol", dijo el presidente federativo Rodolfo Villalobos,
tras la cita.
Desde 2013 en Costa Rica existe una ley que sanciona con prohibiciones
de ingreso a estadios de hasta tres años a quienes cometan hechos de violencia
o racismo en escenarios deportivos, pero que no incluye castigos penales.
Estos se pueden aplicar a
quienes son acusados por la Fiscalía de delitos graves, como sucedió en 2014
con tres miembros de "La 12", barra del Alajuelense, que fueron
sentenciados a siete años de cárcel por robo agravado y agresiones durante un
partido.
Sin embargo, las barras
continúan asistiendo a los partidos y suelen protagonizar peleas en las afueras
de los estadios, lo que genera peligro para el comercio, los habitantes y el
resto de los aficionados.
Los clubes más poderosos como
el Saprissa y el Alajuelense han intentado identificar a los revoltosos con
cámaras de seguridad y empadronando a los miembros de las barras para conocer
sus identidades en caso de que se presenten disturbios.
El Cartaginés ha tomado la
decisión de vetar para siempre a los que participen en hechos violentos.
Sin embargo, el debate va más
allá de mantener controlados o identificados a los miembros de las barras, pues
hay quienes exigen que se disuelvan estos grupos de una vez por todas como la
solución definitiva a la violencia.
Tras la reunión del martes, los clubes acordaron que los planes de
seguridad ordenados por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para los
partidos deben ser de acatamiento obligatorio.
"Hemos visto dentro de la
reunión la importancia del aval del plan de seguridad que presentamos partido a
partido. Hemos coordinado para ofrecer todo el conocimiento que tiene el
Ministerio de Seguridad Pública para darle herramientas a los comisarios de los
partidos", dijo el viceministro del MSP, Jorge Andrade.
Estos planes de seguridad
establecen una cantidad de miembros de seguridad privada como requisito para
que la Policía se haga presente dentro del estadio, lo que además provoca
disminuir la presencia policial en comunidades, según el MSP.
